Libertad para los padres, responsabilidad para la Administración
FERNANDO RODRÍGUEZ-BORLADO
3.ABR.2012
Las familias acomodadas siempre han elegido escuela, y extender esa posibilidad a las demás es ampliar la libertad. Ahora bien, la elección de escuela puede ayudar a que los hijos de familias modestas no queden confinados necesariamente en los colegios de su barrio o puede dar lugar a una mayor desigualdad. La clave está en encontrar el sistema para promover a la vez libertad de elección y equidad.
La identificación de los padres con el proyecto educativo es un factor clave a la hora de la elección
Este año la apertura del periodo de escolarización viene marcada por algunas modificaciones, como por ejemplo el cambio en el baremo de puntos para adjudicar plazas que se seguirá a partir del próximo curso en la Comunidad de Madrid (ver cuadro). Una de las medidas más discutidas es la desaparición –en dos años– de las zonas escolares.
Este debate representa una vieja discusión en el mundo educativo: ¿Cuál es la manera de beneficiar más a un mayor número de alumnos: dar más libertad a las familias o dejar la responsabilidad en manos de las administraciones? En el fondo, se trata del típico enfrentamiento entre liberalismo e intervencionismo, esta vez aplicado al mundo de la educación. Con todo, existen modelos intermedios que ya se han implementado en otros países.
Derecho a elegir
El derecho a la educación tiene dos vertientes: por un lado es un derecho-prestación, ya que obliga a la Administración a proveer al estudiante de los recursos necesarios para poder ejercerlo; por otro lado, es un derecho-libertad, en el sentido en que permite a los padres escoger el centro educativo que responda a sus preferencias. Esta segunda vertiente se apoya en la idea de que la familia es la primera instancia educativa, y el colegio la complementaria.
Sin embargo, esta premisa se olvida frecuentemente en el fragor de la discusión, legítima y lógica según criterios políticos, sobre el mejor modo de organizar el sistema educativo. Muchos de los sindicatos de la pública, que frecuentemente critican a la escuela privada por centrarse solo en la eficacia académica, se aferran en cambio a los resultados académicos cuando les conviene: no hay estudios, dicen, que demuestren que la libertad de elección mejore las notas del alumnado.
Habría que recordar que los resultados no son el único criterio que guía a los padres en la elección de colegio. La identificación de los padres con el proyecto educativo (que puede incluir desde el ambiente escolar, al método pedagógico o la valoración del hecho religioso) es un factor clave en esa elección.
Ejemplos para todos los gustos
Algunas experiencias demuestran que el simple hecho de poner a competir a los centros no asegura un reparto justo.
La OCDE recoge en un informe reciente Equity and Quality in Education los ejemplos de distintos sistemas que han optado por una liberalización del sistema educativo. Suecia y Holanda optaron por el cheque escolar, con resultados desiguales.
La razón que puede explicar el éxito holandés, también en cuanto a la no concentración del alumnado por renta, es la política de incentivos para que los alumnos desaventajados (provenientes de niveles socioeconómicos bajos) sean atractivos para los colegios más exigentes. El cheque escolar aumenta según disminuye el nivel socioeconómico del estudiante, lo que significa que los centros reciben más dinero si los matriculan. No obstante, el hecho de que el colegio disponga de más recursos no garantiza la mejora en los resultados; depende más bien de en qué se gasten.
En el caso de Holanda, los colegios con más alumnos desaventajados tienen hasta un 50% más de profesores y personal de apoyo en sus plantillas. Si hubieran gastado ese dinero en mejorar las instalaciones u ofrecer más actividades extraescolares, seguramente también habrían atraído a muchas familias, pero es probable que los resultados académicos no fueran igual de buenos. Esta es una de las objeciones que aducen los críticos con el sistema de elección libre de centro: la competencia se puede trasladar fácilmente de la calidad académica a otros servicios distintos del principal.
En el caso de Suecia, la aplicación del cheque escolar ha traído a las escuelas más separación por estratos socioeconómicos, y apenas ha tenido incidencia en las notas. Eso sí, como en casi todos los países donde la educación pública y la concertada han luchado por alumnos, ha sido la concertada la que ha visto crecer su alumnado en detrimento de la pública.
Las condiciones para la elección
El citado informe de la OCDE recomienda que los países miembros implementen un sistema de “elección controlada”, es decir, un modelo mixto que combine las preferencias de los padres con criterios que impidan la concentración de los pobres con los pobres y los ricos con los ricos. En realidad, este informe reitera las conclusiones de otro estudio norteamericano realizado en 2006 por la Brookings Institution (cfr.Aceprensa 28-04-2006).
Uno y otro informe parten de la base de que la elección libre de colegio por parte de los padres es lo deseable, pero que puede generar desigualdades. En concreto, explican que uno de los principales problemas de este sistema es la distinta información de los padres. Las familias más aventajadas se muestran más activas en la elección del colegio de sus hijos, y lo hacen fundamentalmente porque están mejor informadas. De ahí que asegurar que toda la información esté disponible para todos –y sea inteligible– debe ser un objetivo prioritario. Ahora bien, ¿qué información se debe publicar?
Algunos sindicatos de la educación pública critican que se saquen a la luz los resultados académicos de las distintas escuelas, públicas y concertadas, ya que entienden que la comparación no es justa. Sin embargo, es difícil aportar algún otro dato objetivo que sirva para orientar a los padres. Llama la atención que los sindicatos se opongan a una medida de transparencia ahora que la sociedad la demanda más.
Otra de las conclusiones de la OCDE y de la Brookings Institution es que la elección libre de colegio solo se podría considerar libre del todo si se financiara el transporte a las familias menos aventajadas. Si no, estas familias terminarán por quedarse en su barrio, por lo que solo podrían elegir realmente los hogares con más recursos.
Los problemas relacionados con el transporte –y, de paso, la insuficiente financiación de la concertada– se podrían solucionar con la entrada en vigor de un cheque escolar progresivo, que aumente de cuantía según las necesidades del estudiante. Un ejemplo es lo que ocurre en Washington D.C.: las ayudas pueden llegar a los 12.000 dólares por alumno y año, según la renta y el colegio elegido. El cheque escolar, ratificado hace menos de un año, cuenta con el respaldo del 70% de los padres de Washington con hijos en edad escolar.
Evitar la discriminación
El temor de los contrarios a la supresión de las “zonas educativas” es que los colegios terminen por elegir a los alumnos, y no al revés.
Pese a que es completamente lícita la preocupación de la OCDE por que no se produzcan discriminaciones, se echa en falta en el informe una referencia a la importancia de la identificación de las familias con el colegio. Se estima que cerca de 200.000 familias españolas cambian de centro cada año. Muchas lo hacen simplemente porque se han mudado a otro lugar de residencia, pero está comprobado que otras muchas se empadronan en barrios donde en realidad no viven, o incluso llegan a mudarse efectivamente, para poder optar a un determinado colegio.
A veces, el “falso empadronamiento” o el cambio de residencia obedece al deseo de huir de ciertos colegios, más que al de acceder a otros. La posibilidad de elegir un colegio fuera del barrio de residencia puede beneficiar especialmente a las familias con menos recursos; al fin y al cabo, muchas de las familias pudientes ya viven en barrios con buenos colegios o, si no, pueden permitirse pagar uno en otro barrio.
La eliminación de las zonas escolares proporcionaría carta legal a una demanda que ya existe, y que además favorece la implicación familiar. Un ejemplo es el del instituto público Ramiro de Maeztu. Su directora abogaba en El País(22/02/12) por la supresión de las zonas educativas aludiendo a sus propios atractivos, y no a las supuestas ventajas de los demás: “Un centro con una sección de alemán como el nuestro no debería ser solo para una zona de la ciudad”. Gracias a sistemas mixtos como el cheque escolar progresivo o las cuotas de alumnos desaventajados no habría por qué elegir entre los guetos por nivel socioeconómico y los guetos por barrios.
La reforma madrileña
La reforma en la Comunidad de Madrid supone algo más que la eliminación de las zonas escolares. Modifica, además, el valor que se concedía a factores como la renta familiar o la vinculación con el colegio –hermanos estudiando o padres antiguos alumnos–.
En el caso de la renta, se concederán dos puntos a las familias que perciban la Renta de Inserción Mínima (una prestación que completa los ingresos de los prestatarios hasta asegurar que puedan cubrir las necesidades básicas). Anteriormente, se daban dos puntos a las familias que acreditaban una renta anual per cápita igual o inferior al IPREM (el sustituto del Salario Mínimo Interprofesional para el acceso a subvenciones, becas, etc.) y un punto a las que ingresaran una renta anual superior al 100% del IPREM pero inferior al 200%.
Con este cambio en la baremación de la renta, se espera poder concentrar la ayuda en las familias realmente más necesitadas: menos familias recibirán los puntos de la renta, pero quien los reciba obtendrá una ventaja comparativamente mayor. De esta forma se pretende mantener el criterio de discriminación positiva hacia las familias con menos recursos, pero a la vez eliminar un posible factor de estratificación del alumnado por criterios económicos.
Tener un hermano estudiando en el centro puntuará el doble: de los 4 puntos anteriores se pasa a los 8 de la nueva propuesta.
Además de los hermanos, también se premiará con 1,5 puntos si el padre o la madre son antiguos alumnos del centro.
La Comunidad de Madrid ha explicado que este cambio promueve la vinculación de la familia con el proyecto educativo del centro. El próximo curso desaparecen las zonas escolares en los municipios pequeños, y el siguiente en los grandes, entre ellos Madrid.
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas ‘Más hijos, más pensión’, que cuenta con 4.000 apoyos en dos días, para instar al Gobierno a que tenga en cuenta a las familias numerosas en la reforma del sistema de pensiones que se debate estos días.
Moral y Luces 
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