LA PRADERA DE LAS CRUCES

El grupo de pensamiento Qveremos, que es una plataforma de debate sobre asuntos públicos desde una perspectiva cristiana, ha impulsado el proyecto La Pradera de las Cruces, que no es más que la búsqueda de un lugar para reunir las cruces que está eliminando la Ley de Memoria Histórica desde el año 2.017, bien sean destruidas, derribadas o retiradas. Por el momento, tiene contabilizadas quince cruces que se han echado abajo en pueblos y ciudades desde entonces, a las que se irán sumando muchas más dado el futuro que se avecina a este símbolo religioso.

Parece que ya han encontrado un lugar adecuado cuya propiedad está próxima a alcanzarse. Se trata de una pradera situada en el noreste del área Metropolitana de Madrid, que está bien comunicada y en el entorno de una casa de culto. Será un espacio privado pero abierto al público.

Lo que este grupo busca es un lugar de descanso para todas las cruces que se derribarán también en los próximos meses, en virtud del artículo 15 de la mencionada Ley de Memoria Histórica que establece que : las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura.

Encuentran en un vertedero la cruz que ordenó derribar la alcaldesa de IU  en un pueblo de Córdoba - Gente con fe - COPE

Posibilidad que están aprovechando algunos organismos oficiales y movimientos sociales de la izquierda para ir quitando cruces en general, que se están confundiendo -interesadamente por encontrarse en un lugar público- con un símbolo franquista, algo que para toda la civilización occidental y desde hace dos milenios, es un emblema que representa la paz, el amor y la concordia. Esta actividad es un claro ataque a la libertad religiosa además de una traición a la verdad. Quitando cruces, se está atacando a la libertad de culto.

Al final, lo que hay detrás de todo esto no es más que una vengativa ideología socialcomunista, derribando símbolos religiosos que no son acordes a sus ideales, como ocurrió ahora hace un año, el mes de enero del pasado 2.021, en la localidad cordobesa de Aguilar de la Frontera, donde fue retirada la Cruz del Llanito del Convento de las Descalzas por decisión de la alcalde comunista de la población y representante de Izquierda Unida, pese a la oposición de numerosos vecinos, generando así una enorme controversia que trascendió a nivel político, religioso y social.

La colina de las cruces - Una breve historia

Los impulsores del proyecto La Pradera de los Cruces, desconocían en un principio que, ya existía un espacio similar en Lituania y que, finalmente, se ha convertido en el modelo a seguir. Se trata de La Colina de las Cruces, situada en la carretera que va de Kaliningrado a Riga, siendo incierto su origen.

Parece ser que, los lituanos empezaron a llevar cruces allí en representación de los caídos por la represión zarista. Después, bajo el yugo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ( más conocida por sus siglas URSS ), se trasladaron los símbolos cristianos que se retiraron de las calles como aquí se está haciendo ahora. Donde siguen después de muchos avatares, incluida la caída soviética de 1.991, a pesar de las numerosas amenazas y prohibiciones. El Papa Juan Pablo II, visitó la colina y celebró allí una misa multitudinaria, aprovechando su visita apostólica a Lituania en 1.993.

En España, la gran diferencia respecto de lo sucedido en Lituania, es que ahora se realiza con el fundamento jurídico de una ley que reescribe la verdad, instrumentaliza la Historia para confrontar a generaciones de personas que no vivieron ese duro episodio y da alas a los políticos, vía laguna legal, para remover simbología religiosa de paz y concordia.

Pedro Sánchez condena al derribo las cruces "de los caídos": "Son  franquistas aunque borren las inscripciones"

Desde la tristeza que me embarga porque en España hayamos llegado a esto, hago un llamamiento a los suscriptores y lectores de este blog, para que no se pierda ninguna cruz, ni se arroje a la basura o a ningún vertedero, porque nos las quedamos los cristianos. Las queremos todas porque por mucho que las quiten, Dios no va a desaparecer, ni los cristianos tampoco. Los que creemos en Cristo, estamos muy pasivos ante la invasión política en la destrucción de nuestros símbolos religiosos pero nadie podrá sacar de nosotros a Dios en este proyecto de descristianizar nuestra sociedad, de manera que ser cristiano no solo será un deporte de riesgo en un futuro próximo, sino que será toda una heroicidad.

Tenemos que reaccionar ante los ataques contra la verdad ya que la Ley de Memoria Histórica quiere rehacerla; por la defensa de la libertad y de culto y los fundamentos de la religión cristiana donde el símbolo de la cruz es inherente a los principios de la cultura occidental. Estos tres principios forman parte de la base del humanismo cristiano que por Historia, tradición y deseos de conservación, quiero para España, junto con los de justicia, dignidad y bien común.

Necesitamos una respuesta al ataque de este frente organizado contra la sociedad española que pretende destruir sus convicciones y valores más esenciales. Esta expresión de relativismo extremo forma parte de un proyecto cultural totalitario, en el que los conceptos del bien y del mal no existen al tratarse de un artificio de ingeniería social. El silencio, la resignación, la pasividad cultural, no pueden ser sus principales aliados, ni deben de tener cabida en nuestra sociedad. Es hora de ponerse al servicio de España para recobrar lo mejor de su herencia.

Fuente: https://bityl.co/AVh3

La memoria histórica, politizada por ley

Monumento a las víctimas del genocido armenio en Arnouville-lès-Gonesse (Francia) (CC: P.poschadel)

Un gobierno siempre aspira a regular el presente para construir un futuro. Pero pensar que tiene también autoridad para decidir cómo hay que recordar el pasado no deja de ser atrevido y discutible. Sin embargo, esto es lo que se plantea con las “leyes de memoria” en las que el legislador pretende imponer una verdad histórica.

La visión del pasado da lugar muchas veces a debates ideológicos y a controversias políticas. Basta ver la intensidad que ha alcanzado en Estados Unidos el debate sobre el racismo y su secuela de cancelación de estatuas y de símbolos de un pasado hoy denigrado. En España, es el gobierno de Pedro Sánchez el que pretende reavivar una división ya socialmente superada al anunciar una ley de “Memoria Democrática”, para decidir cómo hay que recordar la Guerra Civil y el franquismo.

En dictaduras y en democracias

Normalmente han sido los regímenes totalitarios los que han pretendido arrogarse el derecho a ejercer un control sobre la verdad histórica y de imponer su criterio a los investigadores. Nadie esperaría que en la época de la URSS los historiadores rusos hicieran una historia objetiva de la revolución bolchevique ni que en la China de hoy pueda ofrecerse una biografía no sesgada de Mao. Lo novedoso de las actuales leyes de memoria es que surgen en parlamentos democráticos, que deben salvaguardar las libertades de los ciudadanos.

Las primeras leyes de este tipo se hicieron para condenar la negación del Holocausto y prohibir la exaltación del nazismo. Hoy día hay leyes de este tipo en Alemania y en una decena de países europeos. Sin embargo, hay otros países de gran tradición democrática que no han visto necesario limitar la libertad de expresión en este campo. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que, aunque lucharon contra el nazismo, no han recurrido al Código Penal para condenar su apología o la negación de sus crímenes.

Las leyes de memoria acaban chocando con la libertad de expresión

El hecho de haber aprobado leyes semejantes tampoco dice mucho sobre la calidad democrática de un sistema político. Rusia, que rechaza categóricamente la comparación del nazismo con el comunismo, aprobó en 2014 una ley que castiga la negación de los crímenes cometidos por los nazis. En cambio, Polonia equipara el nazismo con el comunismo, y hacer apología de cualquiera de los dos está penado hasta con dos años de cárcel.

En los países escandinavos prima la defensa de la libertad de expresión, sin que se incluyan disposiciones específicas contra ideas totalitarias. En general, los países que no han aprobado leyes de este tipo ven más riesgo en las limitaciones a la libertad de expresión que en la difusión de esas ideas nefastas.

La historia y la ley

Francia es el país donde las propuestas de leyes de memoria han dado lugar a debates más profundos sobre la relación entre la historia y la ley, las responsabilidades de los políticos y de los historiadores, y la defensa de la libertad de expresión y de investigación.

En 1990 la llamada ley Gayssot (diputado comunista) convirtió en delito la negación de los crímenes contra la humanidad que llevaron a la condena de los líderes nazis en los juicios de Núremberg. A pesar de referirse a unos hechos sobre los que pocos historiadores discrepan, la ley sentó un precedente de intromisión del legislador en cuestiones históricas. Y en seguida surgieron otros casos que reclamaban la intervención del legislador.

En 2001, la llamada ley Taubira estableció que la esclavitud y la trata de negros practicada en colonias francesas hasta 1848 constituían un crimen contra la humanidad. Además dictaminada intrépidamente que los programas escolares y de investigación histórica otorgarían a este tema “el lugar preponderante que merecen”. Lo que se discutió entonces no fue la condena de la trata de esclavos, sino el sentido de otorgar a los descendientes de los esclavos (gente de quinta o sexta generación) el derecho a entablar demandas contra cualquiera que pudiera negar o minimizar el hecho. ¿Hasta dónde habría que llegar en este túnel del tiempo?

El caso del genocidio armenio

El debate sobre este tipo de leyes fue más enconado cuando en 2012 el Parlamento tipificó como delito la negación del “genocidio armenio”, cometido por Turquía entre 1915 y 1917. La comunidad armenia en Francia exigía ese reconocimiento para honrar la memoria de las víctimas, y el apoyo del presidente Sarkozy le garantizó la aprobación de una ley muy discutida. Turquía protestó, aunque no hay que olvidar que en este país también hay una ley que considera delito justo lo contrario, es decir, calificar de genocidio la intervención turca en Armenia.

Que hubo asesinatos masivos en Armenia es un hecho histórico. El problema surge cuando se intenta equipararlo a un genocidio con intención exterminadora. La palabra genocidio, según el historiador francés Pierre Nora, “ha evolucionado hacia una connotación amplia, con fronteras borrosas, y su utilización no tiene ya más que un contenido emocional, político o ideológico”.

En Francia destacados historiadores se han opuesto a las leyes de memoria que pretenden imponer una interpretación del pasado

En cualquier caso, es un tema discutible, abierto a la investigación histórica. Por eso las leyes que pretenden imponer una interpretación determinada acaban chocando con la libertad de expresión. De hecho, la ley francesa no pasó el filtro del Consejo Constitucional, que en marzo de 2012 dictaminó que la ley comportaba “un ataque inconstitucional al ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación”.

En el mismo sentido se manifestó en 2015 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de un ciudadano turco condenado en Suiza por negar en unas conferencias la existencia del genocidio armenio. Según el Tribunal de Estrasburgo, la condena violó el derecho a la libertad de expresión. Y en su argumentación señalaba que “la investigación histórica está por definición abierta a discusión” y “no lleva necesariamente a verdades absolutas”.

Investigación abierta

Son precisamente los historiadores los que han manifestado más recelo hacia la politización de la verdad histórica que a menudo se esconde en estas leyes.

René Rémond (1918-2007), historiador y politólogo, advertía en un artículo publicado en Études (junio 2006) que esta irrupción de la política en el establecimiento de la verdad histórica “tendría como consecuencia el secuestro de la historia por parte de los que ejercen el poder político”. El efecto sería perjudicial para la investigación y la enseñanza de la historia. ¿Qué investigador se atrevería a abordar temas que podrían llevarle ante los tribunales? ¿Por qué los políticos deberían imponer su criterio al profesor que enseña historia? Por eso, cuando un grupo de historiadores alzó su voz contra este tipo de leyes, Rémond consideraba que “no solo estaban defendiendo el derecho de los historiadores a trabajar en completa libertad, sin la coacción del Estado, sino también el de cualquier ciudadano a tener acceso al conocimiento de una historia sin ningún a priori”.

Rémond reconocía el derecho de los políticos a pronunciarse sobre la historia, pero no a hacerlo mediante una ley que obliga a todos. Señalaba que a menudo estas leyes se hacen por consideraciones electorales, que “dejan ver más pasión que razón, que no tienen ninguna legitimidad científica y que confunden la memoria con la historia”. También salía al paso de los parlamentarios que alegaban que su calidad de representantes de la nación les facultaba para establecer la verdad histórica. “Ningún parlamentario imaginaría que su estatus le otorga facultades para pronunciarse (…) sobre las leyes de la mecánica de fluidos o los secretos del genoma. Entonces, ¿por qué habría de ser diferente para la historia de las sociedades?”.

Rémond defendía la independencia de la investigación histórica, que “tiene por vocación describir la complejidad de la realidad social y mostrar su ambivalencia”.

Verdades oficiales

Otros destacados historiadores franceses compartían también esta preocupación ante la pretensión de crear verdades oficiales en las cuestiones históricas. En 2005 se creó la asociación “Liberté pour l’histoire”, presidida por el historiador Pierre Nora, que publicó una declaración firmada por 19 destacados historiadores y a la que se adhirieron más de seiscientas personas.

La verdad histórica saldrá ganando si se la mantiene al margen de la confrontación política

En la declaración mantenían: “La historia no es la moral. No le corresponde al historiador exaltar o condenar, sino explicar”. Rechazaban también juzgar el pasado con la óptica de hoy: “La historia no es esclava de la actualidad. El historiador no aplica al pasado esquemas ideológicos contemporáneos y no introduce en los sucesos de otros tiempos la sensibilidad de hoy”.

Y concluían que “en un Estado libre, no corresponde ni al Parlamento ni a los jueces definir la verdad histórica. La política de Estado, incluso animada por las mejores intenciones, no es la política de la historia”. Por eso pedían que se abrogaran las disposiciones legislativas que, a partir de las leyes de memoria, estaban dando lugar a procedimientos judiciales contra historiadores.

Esta misma preocupación ha llevado a la organización Human Rights Watch (HRW) a pedir al Parlamento de Chile que rechace un proyecto de ley que castigaría hasta con tres años de cárcel a quien “justifique”, “apruebe” o “niegue” las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). El proyecto, presentado en 2017 en el segundo mandato de Michele Bachelet, fue aprobado en el congreso el pasado 22 de septiembre y está a la espera de ser debatido en el Senado.

A juicio del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, “las expresiones ofensivas, por hirientes que resulten, deben ser contrarrestadas con argumentos, no con sanciones penales”. A su juicio, las restricciones planteadas en el proyecto atentan contra la libertad de expresión.

Paradojas de una época relativista

Juzgar el pasado con los parámetros de hoy resulta también paradójico en una época relativista como la nuestra. Así lo hacía notar la filósofa francesa Chantal Delsol (Commentaire, nº 81, 1998) a propósito de los arrepentimientos colectivos, que llevan a pedir perdón por hechos cometidos por generaciones anteriores: “Acusarse de una falta cometida hace tiempo, en la historia, significa ante todo considerar que la época presente puede juzgar, con sus criterios, los actos de una época pasada. (…) Significa considerar que los juicios de las épocas precedentes deben dejar paso a los nuestros. Dicho de otra manera, justamente cuando triunfa el relativismo, cuando cada individuo reivindica ‘sus’ valores, se erige una moral tan universal que vale no sólo en el espacio (Occidente exporta la versión individualista de los derechos del hombre), sino también en el tiempo: nuestros valores aniquilan los del pasado”.

Este enfoque cuestiona la idea de progreso moral en la humanidad. “Pues, si hay progreso moral a través de la historia –afirma Delsol–, hay evolución de criterios; y entonces no se puede juzgar a las épocas precedentes por actos que ellas no concebían aún como dañinos”.

Sin duda, hay ciertos actos que son objetiva y universalmente malos. La esclavitud no era moralmente buena cuando estaba admitida socialmente. Pero esto no obliga a condenar a Sócrates por defenderla o a George Washington por haber tenido esclavos, como si fueran esclavistas del siglo XXI. Como tampoco tiene sentido escandalizarse porque los colonizadores blancos de América no respetaran los valores de las culturas indígenas como si fueran cooperantes de ONG. Y más si tenemos en cuenta que tampoco las culturas aborígenes dominantes respetaban los valores ni las vidas de las otras etnias indígenas a las que sojuzgaban.

Por eso los investigadores defienden que la verdad histórica saldrá ganando si se la mantiene al margen de la confrontación política y se deja que los historiadores hagan su labor sin imposiciones.