24 Sep 2012
Hoy entra en vigor un decreto de la conferencia episcopal alemana en el que se establece que los católicos alemanes que se dan de baja para evitar pagar el impuesto religioso quedan excluidos de los sacramentos. Comprensiblemente, la decisión ha provocado numerosos comentarios, entre los que abundan los sarcásticos del tipo: “Alemania: si quieres sacramentos, paga”. El tema es algo más complejo, pero no cabe duda de que la situación es cuanto menos equívoca y que, en buena ley, solo cabría considerarla como provisional.
Para entender mejor la cuestión es preciso recordar que el origen del sistema se remonta al s. XIX y nació como un medio para compensar las expropiaciones de la invasión napoleónica. Se estableció así un impuesto religioso que con leves cambios ha llegado hasta hoy: los fieles de las diversas confesiones están obligados a financiarlas –a través del Estado- pagando una tasa adicional, que oscila actualmente entre el 8 y 9 % de su total de impuestos sobre la renta. Si uno quiere ahorrarse esa cantidad extra, debe declarar que no pertenece a ninguna religión. (Como se ve, se trata de una solución muy distinta a la adoptada mucho después por países como Italia o España, donde se señala a qué institución se desea destinar unos fondos –el 8 o el 5 de cada mil- que el Estado ha recaudado. El contribuyente paga lo mismo rellene o no esa opción). Hay que subrayar que la Iglesia alemana ha creado con esos fondos numerosas instituciones de ayuda a otros países, que todavía hoy desarrollan una actividad insustituible.
A pesar de que resulta profundamente incómodo vincular oficialmente la pertenencia religiosa al pago de un impuesto, la mayoría de los alemanes han seguido este modelo sin particulares problemas. Con el paso del tiempo, el impuesto religioso se ha demostrado el primer anillo débil que saltaba cuando la fe se enfriaba (y las estrecheces económicas arreciaban). El problema era hasta qué punto la renuncia a considerarse católico, para ahorrarse los impuestos, debía calificarse como un acto de apostasía (“negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo”). Ahí la actitud de los obispos alemanes ha sido, por lo general, de “línea dura”, hasta el punto de considerar la excomunión para tales casos. El decreto actual –que ha recibido el visto bueno del Vaticano- es algo menos drástico. Se sostiene que “no es posible separar la comunidad espiritual de la Iglesia institucional”, y que por esa razón quienes se dan de baja quedan excluidos de los sacramentos, no podrán ser padrinos, no podrán trabajar en instituciones de la Iglesia, etc. Se invita a los párrocos a entrevistarse con las personas interesadas para que sean conscientes del alcance de su decisión.
Queda por ver cómo se aplicará este decreto y hasta qué punto se trabajará para buscar un nuevo sistema. La discusión en Alemania es muy intensa. De momento, cabe constatar que desde el punto de vista comunicativo -y para quienes vemos las cosas desde fuera de Alemania-, se ha introducido un nuevo elemento de confusión, presentando a la Iglesia como una institución interesada sobre todo por el dinero.
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