Una farsa en cuatro actos
Con motivo de la entrada en vigor de la de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, también llamada ley del Aborto, el pasado día cinco la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), patronal que, junto a la FERE, representa a los centros de iniciativa social, ha hecho unas declaraciones referentes al capítulo educativo que incluye la nueva Ley.
Europa Press recoge [1] que esta ley, según el portavoz de la CECE, “atenta contra los derechos de los padres y de los centros con la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo” puesto que, a su juicio, “son las familias las que han de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, apelando a su libertad ideológica y religiosa, ‘entendiéndose que la sexualidad se incluye dentro de la esfera íntima y personal y que es la familia quien determina qué contenidos ofrece a sus hijos, cuándo y cómo hacerlo’.”
Efectivamente, la CECE tiene claro que los padres somos los responsables primeros de la educación sexual de nuestros hijos, por lo que cae bajo nuestra estricta responsabilidad determinar “qué contenidos (…) cuándo y cómo hacerlo”. Y, hasta ahora, así hemos procurado hacerlo sin recurrir a una específica educación sexual impartida en la escuela, sea esta pública o de iniciativa social. Entre otras razones, porque se trata de una formación personal que sólo puede impartirse con garantías en el contexto de una relación de confianza e intimidad que no es posible sustituir por una clase impartida en el aula.
Moral y Luces 