ABERRANTE, VIOLENTO E INHUMANO

Las asociaciones provida rechazan el acuerdo «extremista» entre el PSOE y la izquierda radical sobre el aborto

Redacción – 10/12/2009

Las asociaciones provida han recibido con gran decepción el pacto entre el PSOE y la izquierda radical en torno a la nueva ley del aborto. Han sido varias las organizaciones que han mostrado su desacuerdo ante los informes aprobados que restringen el derecho a la objeción de conciencia a cirujanos y enfermeros o pretenden financiar los anticonceptivos “de urgencia”. Además, el texto recoge que los padres de las niñas que quieran abortar podrán ser informados, aunque la última decisión la tomará la adolescente

La asociación Derecho a Vivir calificó ayer en un comunicado de «giro escandaloso» el acuerdo del PSOE con ERC e IU sobre el aborto y pide al PNV que no apoye el proyecto. «Es una vuelta de tuerca abyecta a un proyecto de por sí aberrante, violento e inhumano”, afirma la doctora Gádor Joya, quien exige al PSOE “que desmienta inmediatamente este acuerdo extremista”.

La portavoz de Derecho a Vivir ha criticado el momento elegido para hacer público este acuerdo, «en una semana de puente, con la mitad de la población reincorporándose a sus puestos después de unos días festivos. Han querido colar una radicalización dentro de un proyecto de por sí extremo e incompatible con los derechos humanos». A su juicio, se trata de un “doble juego” pues por un lado, anuncian su disposición al diálogo y a los retoques, y por otro, lo radicalizan.

Imponer a todos una visión de la sexualidad

Por otro lado, el Foro Español de la Familia afirma que el acuerdo del grupo socialista y la izquierda “es un intento más de imposición ideológica para la sociedad, los profesionales sanitarios y la comunidad educativa”. “Suponen –añade el presidente Benigno Blanco- una violación de la libertad de conciencia y la pretensión hacer una verdadera pedagogía proabortista violando las condiciones científicas, morales y religiosas de quién sea”.

El presidente del Foro Español de la Familia señala que “el intento de imponer obligatoriamente a los profesionales de la salud que aprendan a practicar abortos como parte de su curriculum académico supone “considerar el aborto como un derecho, pretende hacer una verdadera pedagogía proabortista en la escuela y en la universidad despreciando el pluralismo existente en la sociedad española al respecto y violando las condiciones científicas, morales y religiosas de quién sea”.

Además, Benigno Blanco destaca que “la introducción de más medidas para que la escuela se convierta en un instrumento para difundir la visión de la sexualidad de esos grupos políticos, apelando a una presunta educación sexual, es una nueva manifestación de que esta ley es más que una ley del aborto. Supone de imponer a todos la visión de la sexualidad de la ideología de género y la perspectiva de rechazo de la maternidad que va implícita en el concepto moderno de salud sexual y reproductiva”.

Por otra parte, el presidente del Foro de la Familia recalca que “la regulación que se pretende de la objeción de conciencia va a restringir el ejercicio de este derecho por parte del personal sanitario al pretender someter este derecho a requisitos administrativos que no están en la Constitución”.

“Como nos temíamos –añade Benigno Blanco- la tramitación parlamentaria no solo no mejora, sino que me empeora los aspectos más rechazables de la ley”.

Educación sexual en centros de enseñanza

El Observatorio por la Libertad en la Educación (OLE) reclamó también la objeción de conciencia para aquellos padres que no quieran que sus hijos reciban educación sexual en sus centros de enseñanza. Según explicó a Europa Press el coordinador del Observatorio, Carlos Seco, «la experiencia demuestra que la educación sexual impartida en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como es el caso de Andalucía, es una educación fundada en la ideología de género, que fomenta y promueve la homosexualidad frente a la heterosexualidad, la búsqueda exclusiva del placer individual en las relaciones sexuales o del autoestímulo sexual, la frivolidad sexual, y que obvia cualquier otro elemento trascendente, religioso o moral, y de entrega a la persona con quién se comparte».

Colectivo médico confuso

La plataforma de Ginecólogos por el Derecho a Vivir afirmó ayer que “todo el colectivo médico está muy confuso porque cada día sale una cosa nueva” sobre la Ley del Aborto. La portavoz, Sonsoles Alonso, ha hablado en La Tarde con Cristina sobre los nuevos planes del Gobierno, que “plantean que sólo el cirujano y el enfermero pueden opinar sobre lo que va a ocurrir en el quirófano”.

Según explicó, “cualquier profesional de la salud entiende que en un aborto no sólo interviene un cirujano y un enfermero, sino que hay intervenciones más complicadas que precisan de una cadena humana que también tienen su opinión y que ahora no se pueden acoger a la objeción de conciencia”.

Asegurar el derecho a la vida

La Asociación Familia y Dignidad Humana manifestó, también, su «frontal oposición» al aborto eugenésico, «encubierto» en la nueva Ley del Aborto, «ya que sin el derecho fundamental a garantizar la vida de la persona con discapacidad, carecen de sentido y de contenido cualquier medida y políticas adoptadas en el presente y en el futuro para favorecer la igualdad de oportunidades y su plena inclusión en nuestra sociedad».

Según detalló en una nota firmada la diputada del Congreso por Valencia Inmaculada Bañuls, ante la tramitación de la nueva norma la asociación pone «especial énfasis» en el artículo 10 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad («Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás»).

Familia y Dignidad Humana ve necesario, para asegurar estos derechos, promover la igualdad de trato y acabar con la discriminación de toda índole que, a su entender, todavía sufre este grupo social especialmente vulnerable y que sólo en España alcanza a cuatro millones de personas, estando obligados desde los poderes públicos y desde la sociedad en general, a adoptar todas las políticas y medidas pertinentes contenidas en dicho tratado.

Autor: Moral y Luces

Moral y Luces

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