Baja California y Colima: dos éxitos recientes de la política en defensa de la vida
Diversos Estados mexicanos trabajan para blindar sus constituciones contra el aborto
En 2007, el Distrito Federal de México despenalizó el aborto, prácticamente por cualquier causa, hasta las 12 semanas de gestación.
En México, cada Estado tiene su propia legislación sobre el aborto. Casi todos lo permiten solo en circunstancias muy concretas y limitadas y no se produce el fraude de ley generalizado que se da en España con los supuestos despenalizadotes.
Esta semana, el Congreso del Estado de Colima rechazó un proyecto despenalizador del aborto. Más aún, se ha creado una propuesta para elevar a rango constitucional el reconocimiento del derecho a la vida desde el momento de la concepción, liderada por una diputada local independiente, Yadira Lara Arteaga, en coordinación con otra propuesta similar del PAN, su antiguo partido.
La Constitución de Colima «omite la protección de uno de los valores más sagrados del ser humano, como es la protección del derecho a la vida», dice la diputada, aunque recuerda que el Código Civil de Colima establece que «desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código«.
Además, en la Ley de Derechos y Deberes de los Niños del estado, se entiende por niñas y niños, «las personas a partir de su concepción y hasta antes de cumplir los doce años de edad».
Si se aprueba la iniciativa de Yadira Lara, el artículo 1 de la Constitución quedaría así:
«La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción. La familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre».
El caso de Baja California
El Estado mexicano de Baja California ya cambió su constitución en diciembre de 2008 para añadir la protección de la vida humana desde la «concepción» y la «fecundación». Aunque aún así se despenalizarían los delitos de aborto en ciertos supuestos muy concretos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado está intentando anular este cambio constitucional presentando un recurso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha sido aceptado a trámite.
Francisco Javier Sánchez Corona, el «procurador de los Derechos Humanos», es un declarado militante pro-aborto y critica que los cambios en la Constitución «guardan íntima vinculación con la prohibición y penalización absoluta del aborto».
Como en otros casos similares, la prensa pro-aborto, cuando se introducen normas que defienden la vida «desde la concepción», se escandaliza con titulares que dicen: «quieren prohibir la anticoncepción y la fecundación in vitro y eso va contra la libertad y salud reproductiva«.
Por lo general, los políticos pro-vida responden que ellos solo pensaban en el aborto, no en los otros temas, aunque es evidente que la píldora del día después es abortiva, que la anticonceptiva lo es en ciertos casos y que también es abortivo el DIU.
El caso de Jalisco
El pasado 25 de junio, 56.000 ciudadanos del estado de Jalisco firmaron una iniciativa legislativa popular del movimiento «Mexicanos por la Vida de Todos» para cambiar la Constitución, blindándola contra el aborto y la eutanasia. Como suele suceder cuando los ciudadanos intentan hacer leyes, los burócratas lo bloquearon con trucos legales.
La Comisión de Participación Ciudadana que recibió las firmas decretaron (por 2 votos contra 1) que las iniciativas legislativas ciudadanas son para proponer leyes, no para cambiar la Constitución, una argumentación parecida a la que los jueces pro-homosexualismo de California, EEUU, intentaron usar para anular el resultado del referéndum que blindaba como constitucional el matrimonio hombre-mujer.
El caso de Chihuahua
Chihuahua es el estado más pro-vida de México: ya en el periodo 1992-1995 el Congreso chihuahuense reformó la Constitución del estado para establecer la tutela jurídica de la vida desde su concepción.
Más aún, se estableció que para modificar esa norma se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados más veinte ayuntamientos que sumen la mayoría de la población del Estado.
El caso de Sonora
Es uno de los ejemplos más claros de éxito de la política pro-vida como reacción a la liberalización del aborto temprano en Ciudad de México. El 21 de octubre de 2008 el Congreso de Sonora aprobó con votos de 3 formaciones distintas un cambio en la Constitución del Estado para garantizar la vida del ser humano «desde su fecundación hasta su muerte natural».
Contó con el apoyo del gobernador Eduardo Bours, y su principal impulsor fue el diputado Acosta Gutiérrez, dirigente del PRI en Hermosillo. La experiencia de Sonora podría extenderse a Sinaloa, Nayarit y Durango, interesados en promover en sus estados leyes de este tipo.
Moral y Luces 