El Gobierno baraja medidas «antipopulares» como frenar la conexión a quienes se descarguen contenidos ilegalmente
El Gobierno quiere frenar la conexión a internet a los piratas
La «ley Sarkozy» es el modelo a seguir. Los «piratas» recibirán tres avisos antes de sufrir penalizaciones.
18 Enero 09 – Gonzalo Suárez
Ante el problema de la piratería, en España suelen darse dos posturas. Los más pesimistas subrayan que las descargas legales crecen año tras año, hasta superar los dos millones anuales en 2008. Pero los pesimistas replican con informes como el que anteayer publicó la industria discográfica: esta cifra sólo representa el 0,1 por ciento de las descargas totales, que rondaron los 1.600 millones en ese mismo periodo. Y esta tesis es la que predomina en el Gobierno, que se lanzará de lleno este año contra el intercambio de archivos en internet, el llamado p2p.
Paso a paso, en el mayor de los sigilos, las partes implicadas -los creadores y los operadores de telecomunicaciones- están tejiendo un acuerdo. El referente está claro: la normativa francesa contra la piratería. El proyecto de ley impulsado por Nicolas Sarkozy prevé que los usuarios que intercambien archivos reciban hasta tres advertencias de las autoridades. Y si no dejan de «piratear» contenidos protegidos, se les cortará temporalmente la conexión a Internet.
Una versión «light»
De todas formas, los negociadores saben que una traslación directa de la ley francesa resultaría políticamente suicida en un país menos proclive a mimar a sus artistas. De ahí que, según fuentes de ambos bandos, se esté trabajando en una «versión light» de la normativa. Por ejemplo, en vez de cortar de cuajo la conexión, las autoridades reducirían progresivamente la velocidad de descarga de los infractores. Y también se establecería un menú de «tarifas planas» para que los internautas que se bajan más contenidos -legales o no- paguen más que los que simplemente consultan su correo electrónico o leen los periódicos «online».
Hace un mes, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, anunció una normativa «antipopular» contra las redes p2p, que hasta la fecha han ganado todas las batallas judiciales al no tener ánimo de lucro. Pero lo cierto es que su departamento está cediendo el protagonismo de las negociaciones a los operadores y a las entidades de derechos intelectuales. «Un problema tan complejo se aborda mejor desde el acuerdo de los sectores», explica Guillermo Corral, director general de Política e Industria Culturales. «El Gobierno sólo intervendría directamente si no se ponen de acuerdo».
Equilibrios internos
De hecho, el Ejecutivo tiene sus propios equilibrios internos que condicionarán cualquier acuerdo. El Ministerio de Cultura se siente más cercano al sector audiovisual, que contempla el p2p como una amenaza a su modelo de negocio. Mientras, Industria suele decantarse por los internautas y por las empresas telefónicas, que temen que una ley demasiado severa lastre la implantación de las nuevas tecnologías en nuestro país.
Otro obstáculo que los negociadores deberán sortear son las limitaciones impuestas por la Ley de Protección de Datos. Hasta ahora, los tribunales han avalado la decisión de las empresas de telefonía de no revelar la identidad de sus usuarios que se bajan contenidos protegidos. Y la Agencia Española de Protección de Datos ha alertado de que el nuevo sistema podría suponer una violación del derecho a la privacidad de los internautas. «La ley francesa no sería aplicable en el caso español, porque no se puede saber el contenido de lo que te estás bajando sin vulnerar el secreto de comunicaciones», explica Javier de la Cueva, un abogado especializado en propiedad intelectual.
Otros expertos cuestionan la eficacia de aplicar medidas «antipopulares» si no se afronta la raíz del conflicto. Su argumento es sencillo: los mismos adolescentes españoles que no dudan en soltar un par de euros para expulsar a un concursante de «Gran Hermano» consideran un disparate pagar por la música. «Se ha extendido la idea de que si eres legal, eres un pringado: no hay conciencia de que atentar contra la propiedad intelectual es un delito», denuncia Paloma Arribas, de Abril Abogados, un bufete especializado en este sector.
De ahí que en Cultura insistan en que la normativa contra la piratería digital sólo será una de las tres patas de su estrategia. La segunda será arrastrar a la industria audiovisual al mundo digital, para que ofrezca contenidos en la red de manera más accesible y segura. Y, finalmente, tratarán de concienciar a los «piratas» de que están cometiendo un acto «ilícito» que perjudica a la sociedad en su conjunto. «A veces hay que tomar medidas llamativas por el bien común», dice Corral. «En los 70, también creó polémica que se creara un sistema fiscal en un país en el que nadie pagaba impuestos. Pero cuando la gente disfrutó de las autopistas y los colegios públicos, les molestó un poco menos».