Entre el pecado y el delito

Miguel Ángel Ortega Bernardo / Profesionales por la Ética.

¡Menudo ejercicio de declamación la de la inefable Sra. Aído cuando se aventuró a serpentear por los andurriales de la relación entre Iglesia y Estado con su ya conocido aforismo: «A la Iglesia le corresponde decir qué es pecado, pero no qué es delito»!

El problema de hacer afirmaciones tan generales, cuando no burdas, es que el afirmante se expone a que le desmadejen la argumentación que implícitamente le ha podido llevar a exponer lo afirmado. Claro que cuando es la ideología la que impera, hablar de argumentación, aunque sea entre líneas o en el subconsciente, puede ser, cuanto menos, de lo mas atrevido. Sea lo que fuere del origen “ontológico” o de la ubicación en la psique de la ministra como fuente de origen de «A la Iglesia le corresponde decir qué es pecado, pero no qué es delito» me atrevo a decir que sería menester asomarse a los entresijos de las razones que pueden llevar a afirmar tal cosa.

En la Encíclica Deus Caritas est Benedicto XVI propone a la Iglesia como una fuerza social que convive en igualdad de condiciones junto con otras. Es decir, que no debe arrogarse ningún tipo de privilegio. Para ello es condición sine qua non que el Estado no esté en disposición de regularlo y dominarlo absolutamente todo. Digo esto porque no vaya a ser que la carta que esconde en la bocamanga la Sra. Aído- un naipe que asoma por momentos- es que su deseo y el de sus compañeros de ideología sea que en ningún momento nadie se atreva a decirle al Estado lo que puede ser justo o injusto. Vamos, que la supuesta arrogancia pudiera venir no precisamente de la Iglesia sino de los principales artífices de esa Estadolatría -José Luis Bazán dixit en un profundísimo y hermoso artículo- que emponzoña la sociedad entera con velocidad de caída libre.

Aterricemos un poco: el Estado puede “recomendar” vehementemente no comer hamburguesas, pero la Iglesia no puede defender la vida del nasciturus oponiéndose al aborto porque, entonces, está confundiendo pecado con delito; El Estado puede transmitirle a mis hijos -vía Educación para la Ciudadanía- que quizás cree ser heterosexual porque el ambiente represivo de mi familia no le ha permitido descubrir libremente que su identidad de género es ser homosexual, pero la Iglesia no puede defender que el ser humano es ser sexuado por naturaleza y no un constructo mostrenco de la cultura machista y retrógrada; el Estado puede comenzar una verdadera deconstrucción del vínculo padres- “hijas de dieciséis años” para que éstas aborten haciendo con “su cuerpo” (léase, su hijo) lo que le dé la real gana, pero la Iglesia no puede priorizar la familia como sociedad fundante en la que los padres, sin ser dueños absolutos de sus hijos, sean el referente moral y la escuela de amor fundamental para sus hijos. Y en estos tres ejemplos la inefable Aído descubre con lucidez deslumbradora que «A la Iglesia le corresponde decir qué es pecado, pero no qué es delito».

Afirma con sabiduría J.L. Martínez Martínez en “El pensamiento de Joseph Ratzinger. Teólogo y Papa” lo siguiente: “En contra de lo que a primera vista pudiera parecer, no hay contradicción en escribir- como hizo Benedicto XVI en el discurso que iba a pronunciar en La Sapienza de Roma- que el mensaje de la fe cristiana no es solamente una «comprehensive religious doctrine» en el sentido que a esa expresión le da Rawls, sino una fuerza purificadora de la razón misma…, una fuerza contra la presión del poder y de los intereses”, y al mismo tiempo afirmar- como hace en Deus caritas est- que la Iglesia acepta estar ubicada como fuerza social junto a otras, en una sociedad pluralista donde la Iglesia no es ni puede ser la única instancia de la sociedad que trabaje a favor del bien común”.

Una última cita de uno de los grandes pensadores del siglo XX – Cardenal Joseph Ratzinger en su obra La crisis del Derecho (1999)-: “La fe cristiana respeta la naturaleza propia del Estado, sobre todo del Estado de una sociedad pluralista, pero siente también su propia corresponsabilidad en lo tocante a que los fundamentos del derecho continúen resultando visibles y a que el Estado, privado de orientaciones, no se vea expuesto solamente al juego de corrientes mudables”.

¿Acepta Doña Bibiana Aído y los laicistas de nuevo cuño que la Iglesia sea “una fuerza social junto a otras” que con toda libertad pueda expresarse sobre lo que es justo y lo que no lo es, respetando la autonomía del orden temporal? ¿Quién quiere evitar a toda costa que la otra parte trabaje a favor del bien común, la Iglesia o el Gobierno comandado por el partido de la Sra. Aído?

Que conteste primeramente la Sra. ministra porque sobre ella recae la carga de la prueba.